El mundo ha observado el éxito del proyecto de ley C-45 de Canadá y la propagación de la regulación del cannabis en 30 estados de EE. UU. Desde una perspectiva externa, parece que México pronto seguirá sus pasos. Pero para quienes viven allí, el acceso general a los dispensarios y al cannabis regulado es turbio. La población del país continúa siendo testigo de los arrestos altamente publicitados de los pequeños productores y de los activistas de marihuana. Las audiencias televisivas son golpeadas por la moralización anti-droga histérica en las noticias.
A pesar del progreso de los últimos años, la verdadera legalización de la mexa-marihuana a menudo parece un sueño imposible.
El movimiento de legalización de México pudo haber comenzado en 1985 con el Manifiesto Pacheco (o el Manifiesto de Stoner) del sociólogo Juan Pablo García Vallejo. El texto vinculaba la planta con la contracultura mexicana y las fuerzas anticapitalistas. En la década de los 90, luminarias culturales como el novelista Octavio Paz se encontraban entre los que pedían su aceptación. Muchos citaron la legalización como una forma de reducir el poder de los carteles de la droga, cuya sangrienta batalla por la participación del mercado estadounidense comenzó a costar aún más vidas mexicanas con la llegada de la Guerra contra las Drogas del presidente Felipe Calderón. Se estima que 120,000 mexicanos murieron en el fuego cruzado entre el gobierno y el cártel que tuvo lugar entre 2006 y 2013.
Sin embargo, los activistas fueron en gran medida incapaces de influir (o interesar) en los poderes ejecutivo y legislativo del país hacia la legalización. En 2015, sin embargo, sus tácticas cambiaron para enfocarse en el poder judicial. A finales de ese año, Graciela Elizalde, de ocho años de edad, había ganado el derecho de usar cannabis para tratar su grave forma de epilepsia. La Corte Suprema luego aprobó a cuatro personas de la Sociedad Mexicana de Auto-Consumo Responsable y Tolerante (SMART) el derecho a cultivar, transportar y fumar marihuana.
Sin embargo, las victorias no le dieron a la población general el derecho a consumir marihuana. Pero sí actuó como un catalizador para cambiar las leyes del país. Y aunque ninguna decisión legalizó la producción, lo que habría sido un movimiento calculado contra la base económica de los cárteles, el país aprobó sus primeras leyes limitadas de marihuana medicinal en 2017. Según las regulaciones, que entraron en vigencia el año pasado, aquellos con recomendaciones médicas tienen acceso al aceite de cannabis… de menos del uno por ciento de THC.
Mexicana de Auto-Consumo Responsable y Tolerante (SMART) el derecho a cultivar, transportar y fumar marihuana.
Por ejemplo, el mes pasado, un perfil irresponsable de los medios de comunicación condujo a una redada en una microempresa que hizo infundir cannabis a Pelón Pelo Rico®, un dulce de tamarindo popular. Poco después, los usuarios de Twitter documentaron un parche de plantas de cannabis que crecían junto a una concurrida carretera del Estado de México, lo que justificaba una operación de retiro militar en cuestión de horas. Las calles se cerraron para asegurar la erradicación conveniente de las plantas, aunque los automovilistas notaron que los soldados perdieron la partida.
En agosto, miembros del grupo activista Esquadrón Cannábico abrieron una tienda minorista en el Paseo de la Reforma, un bulevar central en la Ciudad de México. Trabajaron turnos de ocho horas, repartiendo parafernalia y flor a los transeúntes. Seis personas del grupo fueron llevadas a la cárcel.
Ni los policías mexicanos ni el gobierno envían un mensaje consistente sobre la marihuana. En septiembre, El Sol de México publicó una columna de Aram Barra, un activista del cannabis, que califica de “esquizofrenia absoluta” la posición del gobierno mexicano sobre la política de drogas. Barra también recuerda a los lectores que Enrique Peña Nieto, el presidente saliente de México, siempre mantiene una actitud política. Postura ambigua pero personalmente negativa sobre la legalización. Y, parece que mantiene esta postura a pesar de hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la estrategia global con respecto a la guerra contra las drogas en 2016.
Sin embargo, no todo es sombrío. Hay algunas señales de que el cambio es inminente. Por ejemplo, Vicente Fox, ex presidente de México y miembro de la junta directiva de High Times, se encuentra entre los que presionan a Peña Nieto para que realice un gran gesto de legalización antes de abandonar el cargo en diciembre. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, dijo que considerará legalizar la marihuana para finalmente ayudar a frenar la violencia relacionada con las drogas. La designación de López de Olga Sánchez Cordero, una ministra del Interior a favor de la despenalización y ex juez de la Corte Suprema, ha aumentado aún más las esperanzas de los activistas y consumidores.
Pero los mexicanos tienen buenas razones para desconfiar de estos enigmas. La guerra contra las drogas extremadamente fatal del país ha servido para llenar los bolsillos de políticos corruptos y jefes de los cárteles, por una suma estimada de unos $ 3,9 mil millones en ingresos anuales. Hasta el momento, ha habido poco para asegurar que el dinero se redirija hacia el bien de la población general.
Del mismo modo, el progreso de México hacia la legalización de la marihuana parece estar priorizando su élite y las preocupaciones del primer mundo. Si a las corporaciones internacionales se les permite alejarse de las ganancias comerciales de cannabis del país, mientras que el estigma se mantiene por poco tiempo a los productores y consumidores mexicanos, ¿la “legalización” cambiará realmente algo? Sin embargo, incluso más que la legalización, los mexicanos merecen un plan legal para garantizar el castigo por los años de injusticia de la guerra contra las drogas.
https://hightimes.com/news/legalization-leaves-mexican-citizens-uncertain/
